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| Rocío Chanca, coordinadora regional de ONAMIAP |
Rocío Chanca, coordinadora
regional de Huancavelica de la Organización nacional de Mujeres Indígenas
Andinas y Amazónicas (ONAMIAP) denunció el maltrato que sufrieron
constantemente las representantes de la organización en los eventos organizados
por el CENSI.
Según la lideresa indígena denunció
que en la etapa final, realizada en Lima, el reembolso de los pasajes de las
representantes de Onamiap no se hizo de acuerdo con el presupuesto presentado
por la administración de la organización y muchas asistentes se vieron
perjudicadas económicamente.
La denuncia la hizo luego de que
un representante del CENSI anunciara que recién al mediodía del día siguiente
del encuentro, realizado el 8 de abril, se les entregaría el dinero que
gastaron en su traslado desde sus comunidades.
Al evento asistieron delegados de
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la
Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú
(CCP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas (CONAP), la Organización
Nacional de Mujeres Indígenas ONAMIAP y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras
(UNCA).
Asimismo, sostuvo que no sería la
primera vez, ya que la descoordinación entre los organizadores provocó la organización
ASMUC (Asociación de Mujeres Campesinas del Cono Norte de Huancavelica) fuera
impedida de ingresar al hotel luego de finalizado el taller macrorregional centro,
en Satipo.
Evaluación interna
Sin embargo, la descoordinación de la devolución de los pasajes no fue la única irregularidad que presentó el evento. Planeado como un quinto taller de información, el programa presentaba solamente treinta minutos para el debate interno de las organizaciones, pretendiendo obtener en ese corto tiempo las actas finales sobre las políticas.
Este hecho fue observado por Gladis Vila, quien amparándose en la ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, solicitó al estado retirarse para que las organizaciones puedan cumplir con lo establecido en la ley.
Luego de la intervención de representantes de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura, presentes en el evento, y del pronunciamiento conjunto de las organizaciones, los representantes del CENSI dieron un paso al costado y accedieron a cumplir el rol de facilitadores del debate.
La ley de la Consulta Previa establece en su articulo 19 que luego de la etapa informativa se debe dar paso a la fase de evaluación interna "contando con un plazo razonable" para la elaboración de propuestas, antes de producirse el diálogo con el Estado.
Política de Salud Intercultural
La Política de Salud Intercultural (PSI) es una propuesta elaborada por el CENSI, adscrito al Instituto Nacional de Salud, en proceso de consulta con los pueblos indígenas según lo indica el portal respectivo de la institución.
Para la etapa de Información se
han realizado cuatro talleres macro regionales el cual debería culminar en un
taller nacional que precisamente debió culminar el martes 8 de abril.
Luego debería ingresarse a una
etapa de Evaluación interna de la medida por parte de las organizaciones para
luego entrar a una etapa de Diálogo. Finalmente, el proceso debe culminar con
la etapa de Decisión por la entidad promotora.
Siguiendo el principio de
transparencia acordado para todo el proceso, en el sitio web del CENSI se
publicará la relatoría de cada evento así como los documentos generados.
Principales cuestionamientos
Entre los diversos
cuestionamientos al documento de la Política de Salud Intercultural se
encuentra la falta de un diagnóstico de salud que identifique los principales
problemas que pretende abordar fijandose objetivos específicos.
Otra limitación observada por las organizaciones que integran el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas es la ausencia de definiciones claves como salud, interculturalidad, medicina tradicional, entre otras, que resultan sustanciales a la hora de formular una política y determinar su alcance.
Una ausencia también importante
es que no aparece la base legal o el marco normativo nacional e internacional
que sustenta los cuatros ejes de la política. Tampoco se precisa cuál es la
autoridad sanitaria responsable de la política y cómo esta política se engarza
o articula con el proceso actual de reforma del sector Salud.