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| Foto: IBC |
Normas contra los derechos de las comunidades buscan prolongar un ciclo de crecimiento económico insostenible
El conjunto de medidas que los poderes Ejecutivo y Legislativo aplican en el Perú contra los derechos ambientales de toda la ciudadanía y los derechos territoriales de las comunidades andinas y amazónicas, en su desesperado afán de promover la inversión en actividades extractivas, no es un hecho aislado sino que está ocurriendo en muchos otros países. Y responden a la necesidad de prolongar un ciclo de crecimiento llegado a su fin.
Estas son algunas de las conclusiones a las que llegamos del desayuno de trabajo y conversatorio: ¿A dónde nos llevan los paquetazos a favor de la inversión?, realizado el 14 de mayo por el Colectivo Territorios Seguros y en el que ONAMIAP participó.
Los llamados “paquetazos” se iniciaron con los decretos supremos 054 y 060 de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Ley 30025, todos ellos emitidos en el 2013. Luego, en junio de 2014, el Congreso aprobó la Ley 30230 y en abril de este año el Ejecutivo publicó el proyecto de reglamento del Título III de esta ley. En enero último, el Ministerio de Energía y Minas dio el DS 001-2015. A esas normas se suman los proyectos de leyes 3941 y 2462, este último encarpetado desde el 2012, que plantea modificar la Ley 26505 de la Inversión Privada en tierras de las comunidades campesinas y nativas, promulgada en 1995.
Todas estas normas flexibilizan las normas ambientales y debilitan a las instituciones encargadas de la vigilancia ambiental. Asimismo, amenazan la seguridad jurídica territorial de los pueblos indígenas, facilitando la entrega de tierras de las comunidades campesinas y nativas a los proyectos de inversión, principalmente de actividades extractivas.
Pero el proceso no se inicia en este gobierno. Tiene sus raíces en el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) que cambió la Constitución para imponer el modelo neoliberal. Aunque la Constitución de 1993 ha sido reformada en algunos aspectos, el modelo económico no ha sido tocado por los sucesivos gobiernos. El segundo gobierno de Alan García, en particular, emitió un paquete de decretos legislativos contra los derechos de las comunidades que dieron lugar a la Masacre de Bagua el 5 de junio de 2009.
Modelo global
En el conversatorio, Richard Ch. Smith, del Instituto del Bien Común (IBC), señaló que este fenómeno no ocurre solo en el Perú. En diversos países de África, así como en India, Indonesia y Filipinas, los Estados están dando medidas casi idénticas en contra de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas y las mujeres indígenas tenemos claro que se trata de un modelo de desarrollo excluyente que se impone con la globalización neoliberal, en el que a los países pobres se nos sigue condenando a ser fuentes de materias primas y mano de obra barata. Desde la época de la conquista, estamos en la mira de los países ricos y su insaciable voracidad por los bienes naturales que albergan nuestros territorios.
El economista Humberto Campodónico explicó en el conversatorio que este modelo de desarrollo en el Perú y América Latina tiene una alta dependencia de los commodities, es decir, las materias primas (minerales, hidrocarburos, soya, café, banano, cacao). La minería representa el 65% del total de las exportaciones y los hidrocarburos el 6%.
Gracias al boom de precios de estas materias primas, fuertemente influenciado por el crecimiento económico de China, el Perú tuvo un crecimiento económico sostenido durante casi una década. Pero, ¿cuán sostenible es un crecimiento dependiente de los commodities, cuyo precio no controlamos?
Se trata de un crecimiento que además de insostenible se logra arrasando con los derechos laborales, ambientales y en particular los derechos territoriales y a la consulta de los pueblos indígenas. Recordemos que ninguna de las normas de los “paquetazos” nos ha sido consultada y nuestras propuestas no han sido escuchadas. Es un crecimiento también inequitativo, en un modelo en el que la ciudad se beneficia del campo, pese a que la producción agrícola representa el 24% de la población económicamente activa (PEA).
La insistencia en este modelo no garantiza el crecimiento y es totalmente contrario al desarrollo sostenible. Solo provoca la conflictividad social. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, en el 2014, de los 210 conflictos sociales en el Perú, 139, esto es el 69.8%, fueron conflictos socioambientales.
Visión de futuro
La imposición de un modelo único a nivel global no es un invento del neoliberalismo, viene desde el siglo XV. El neoliberalismo es la continuidad de la llamada Doctrina del Descubrimiento, que inventó el racismo para identificar a los pueblos originarios como obstáculos y sinónimo de atraso para su sistema arrasador de los derechos y saqueador de la Madre Tierra.
Una doctrina que se perpetúa hasta hoy y que junto con el modelo económico pretende imponer una sola cultura, una sola visión del mundo. El llamarnos “perros del hortelano” y criminalizar el ejercicio de nuestros derechos no es más que una réplica con nueva cara de la extirpación de idolatrías y el genocidio físico y cultural en nuestros países.
Los pueblos indígenas estamos resistiendo desde hace más de quinientos años. Nuestra lucha no es nueva y seguiremos defendiendo nuestros territorios, de los cuales emanan nuestra identidad y el conjunto de nuestros derechos. Seguimos vivos, como hijos de la Madre Tierra, con nuestra cultura y nuestra propuesta de vida en equilibrio con la naturaleza.
Porque el hecho de que nuestra resistencia sea vieja no significa que representemos el atraso. Por el contrario: tenemos mucho que ofrecer para construir, con el conjunto de la sociedad, una propuesta de modo de vida basado en una relación armónica entre los pueblos y con la Madre Tierra, con pleno respeto a los derechos de todos y todas. Esa es nuestra visión de futuro: el Buen Vivir.