El junio pasado, durante su participación en un foro
realizado en Paraguay, la viceministra Patricia Balbuena declaraba que Perú
promueve el principio de no contactar a los indígenas en situación de
aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) para garantizar su
supervivencia. A menos de un mes de estas declaraciones, el viernes 17 de
julio, Balbuena anunció un "plan de contacto controlado" con indígenas
aislados en la región Madre de Dios.
"En esta situación estamos frente a una realidad en la
cual existen elementos para poner y mirar el objetivo principal que tenemos que
es salvaguardar su vida y su integridad. Y eso no lo podemos garantizar si no
entramos en una lógica de contacto no controlado", señaló la viceministra.
Una de las razones por las que se plantea este contacto
forzado es el incremento de avistamientos de los PIACI en las comunidades.
"Durante el 2014 se han registrado 70 avistamientos de indígenas aislados
y que en lo que va del presente año se ha reportado cinco ingresos a
comunidades nativas", declaró Balbuena.
Actualmente existirían 5 mil indígenas en situación de
aislamiento y contacto inicial. Estos se encuentran en cinco Reservas Indígenas
que tienen un total de tres millones de hectáreas de superficie. Hasta ahora,
en teoría, el acceso a estos territorios y la realización de cualquier tipo de
actividad extractiva están prohibidos en todos los casos por ser reservas
"intangibles". Siendo la única
excepción, citando a Balbuena, "la explotación de un lote de gas que
operaba de forma previa a la creación de la reserva indígena". ¿Qué pasará
cuando se imponga el "contacto controlado"?
El 1 de mayo de 2015, un grupo de indígenas Mashco Piro ingresó
a una chacra en la comunidad Shipetiari, en búsqueda de comida y ropa, y al
encontrarse con un grupo de pobladores en uno de los caminos instintivamente
dispararon una flecha que alcanzó a Leonardo Pérez de 20 años, provocándole la
muerte. Según versiones de la zona, el joven quiso enfrentarlos.
El desplazamiento forzoso de los Mashco Piro es provocado
por la ampliación de la explotación de
hidrocarburos del Lote 88, de Camisea, en una zona del Cusco cercana a Manu; lote que se superpone a la reserva indígena establecida por la ley. Asimismo, la migración de los PIACI también es ocasionado por otras actividades como la tala ilegal. Una vez más, las actividades extractivas en territorios indígenas causan
impactos en los medios de vida, el medio ambiente y la salud de nuestros
pueblos. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial tienen
hambre y se desplazan en busca de alimentos.
Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas
y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, expresamos nuestra solidaridad con los pueblos
indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Asimismo, rechazamos el
contacto forzado que se quiere imponer, y exigimos que el Estado respete las
reservas territoriales indígenas establecidas por sus propias leyes, así como
que cumpla con su deber de proteger los derechos de todos los pueblos
indígenas, en particular de los más vulnerables. Basta de poner el desarrollo
de las actividades extractivas por encima de la vida.