A la ausencia de una visión holística de la salud, que asegure un enfoque intercultural, se suman una serie de factores que atentan contra el derecho a la salud de los pueblos indígenas. La pobreza estructural por el abandono del Estado se refleja en la falta de servicios básicos, el poco acceso a postas médicas y hospitales, los cambios en la alimentación por los que se abandonan los productos tradicionales, el despojo territorial, el cambio climático que afecta la producción y la disponibilidad de agua, y las actividades extractivas en nuestros territorios, que provocan altos índices de contaminación.
Las consecuencias de todo ello las sufren sobre todo las mujeres y los niños indígenas. Un informe del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), a través de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) revela que, pese a los avances de los países en esta materia, las desigualdades persisten y la mortalidad de los niños indígenas es cuatro veces mayor que la de los no indígena: 40 y 10 por cada mil niños nacidos vivos, respectivamente, en el Perú.
No es la única cifra que nos alarma. Si vemos solo los índices de tuberculosis, comprobaremos que en la región Puno, el 33% de la población aimara sufre esta enfermedad, frente al 19.6% de la población no aimara. En la región Moquegua, los índices son de 68% y 52.9%, respectivamente.
En cuanto a los partos atendidos por personal calificado, hay que reconocer que las brechas se están cerrando, tal vez porque es una de las pocas prácticas en que el Estado aplica el parto tradicional. En el año 2000, solo el 21.7% de las mujeres indígenas recibía atención del parto por personal calificado, frente al 66.8% de mujeres no indígenas. En el 2012 las cifras habían crecido a 82.5% y 91.5%, respectivamente.
En las zonas rurales de sierra y selva, un 59% de las comunidades indígenas carece de un establecimiento de salud o posta médica, y cuando existen cuentan con escaso equipamiento, pocas medicinas y escaso personal, que además carece del enfoque intercultural. Muchas veces estos establecimientos están ubicados a largas distancias de las viviendas.
El cambio climático no solo provoca la escasez de agua sino también el desplazamiento y la pérdida de cultivos, que afectan la salud y nutrición, la aparición de nuevas enfermedades y la mayor incidencia de males respiratorios, principalmente en niños y ancianos.
Los casos de impactos en la salud por actividades extractivas son numerosos: niños con plomo y otros metales pesados en la sangre, cuencas enteras declaradas en emergencia, despojo territorial y desplazamiento de las actividades agrícolas a zonas áridas.
La salud es un derecho, no solo un servicio. Es un deber del Estado cuidarla, protegerla, con acciones de prevención y atención. Con una política pública intercultural que asegure un acceso oportuno y de calidad.