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| Foto: BBC |
A muchas de ellas las engañaron, a otras las obligaron, las
chantajearon o las amenazaron. Las mujeres y varones que sufrieron
esterilizaciones forzadas en el Perú aún no alcanzan la justicia que merecen.
Luego de varios años de lucha, el pasado 6 de noviembre, a
través de un Decreto Supremo, se declaró de interés nacional la atención
prioritaria de las víctimas de esterilizaciones forzadas entre los años de 1995
y 2001, y se anunció la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones
Forzadas (Reviesfo) que entrará en funcionamiento a partir de diciembre
próximo.
De los muchos crímenes de lesa humanidad que se perpetraron
durante la década de los noventa, solamente algunos han logrado llevarse a
juicio gracias a lo que se ha condenado a los responsables; no obstante
persiste la amenaza de impunidad contra las víctimas que sufrieron
esterilizaciones forzadas en ese lapso, que según Demus, suman entre 250 y 350
mil.
Las esterilizaciones forzadas fueron parte de una políticade Estado de reducción de la población presentada el 28 de julio de 1995 y
financiada por la Agencia de Cooperación Internacional Estadounidense con 36
millones de dólares, que vulneró los derechos fundamentales de las mujeres y
varones, principalmente de las zonas rurales del país. Sin lugar a dudas,
existe un componente de racismo en este crimen ya que los peruanos y peruanas,
principalmente los y las indígenas, fuimos vistos y vistas como seres casi
irracionales, incapaces de tomar decisiones propias por lo que el Estado debía
imponernos no tener más hijos.
Esta política tenía como objetivo principal disminuir el
número de nacimientos en los sectores pobres de la sociedad peruana, a través
de métodos de hostigamiento, amenaza o chantaje del personal de salud
involucrado, que trabajaba bajo la presión del establecimiento de metas e
incentivos y que ahora es señalado como único responsable.
De acuerdo al informe final solicitado por el Ministro de
Salud en julio de 2002, entre 1995 y el 2000, 331 mil 600 mujeres fueron
esterilizadas, mientras que 25 mil 590 varones sufrieron vasectomías. Sin
embargo, hasta ahora solo se vienen investigando 2073 casos.
Las mujeres de ONAMIAP, nos solidarizamos con las víctimas
de este crimen, condenamos el actuar de los involucrados, exigimos una
investigación imparcial y exhaustiva, así como severas sanciones a todos los
responsables, en especial a los responsables políticos que ordenaron la
implementación de esta política, y a las agencias y bancos que la financiaron
porque ellos también deben asumir su responsabilidad. Asimismo, estaremos
vigilantes de que se realice la implementación adecuada del Reviesfo para que
las víctimas accedan a la justicia que merecen.
¡Las 350 mil víctimas no pueden esperar otros veinte años
para que se les haga justicia!