Por: Daniel Sánchez Velásquez*
En el 2017, por primera vez en
nuestro país, el Censo de Población y Vivienda incluirá una pregunta de
autoidentificación étnica. Esto contribuirá, de mejor manera, a conocer e
identificar la composición demográfica de nuestro país. El último censo
realizado en el 2007, estimó en cuatro millones el número de personas de origen
indígena. Esta cifra se calculó en base a la respuesta que dio la población
sobre la única pregunta de etnicidad que, hasta la fecha, se ha incorporado en
los censos: la referida a la lengua materna.
La pregunta sobre la lengua,
fundamental para el diseño de una política educativa y para que el Estado
brinde servicios y atención pública lingüísticamente pertinente, no ha
permitido, sin embargo, identificar a la población indígena que ha dejado de
hablar su lengua originaria como consecuencia de diversos factores, entre
ellos, los de discriminación, aculturación y migración. Es importante tomar en
cuenta que en los últimos 50 años, los hablantes del quechua han disminuido de
un 32.80% en el año 1961 a un 13% de acuerdo con el censo del 2007. Similar
situación sucede con el aymara, cuyo uso ha decrecido de un 3.5% a un 1.7% de
personas en el mismo período.
En atención a ello, hace unos
años se inició, en diversos foros internacionales, una discusión sobre la
necesidad de incluir nuevas preguntas que permitan captar, en mayor grado, la multidimensionalidad
de la identidad indígena. Dentro de estas propuestas, la pregunta sobre la
autoidentificación ha adquirido legitimidad en la comunidad académica, en la
práctica pública y entre las organizaciones indígenas como el método más
aceptado para el reconocimiento de las poblaciones de origen indígena. Este
consenso ha hecho que casi la totalidad de los Estados de la región, a
excepción de nuestro país, haya ajustado sus cuestionarios censales e
incorporado en ellos la pregunta sobre la autoidentificación étnica.
La información demográfica
indígena en los censos y las políticas públicas
La pérdida progresiva de sus
tierras, el quiebre de las economías comunitarias, la dación de medidas que
poco o nada han protegido sus derechos ancestrales, la migración del campo a la
ciudad, entre otros, han agudizado la precaria situación económica de la
mayoría de los pueblos indígenas.
Sin embargo, a pesar de esta
situación, la información desagregada por origen étnico aún es escasa, así como
los estudios comparativos entre las poblaciones indígenas con respecto al resto
de la población. De ahí que, desde laDefensoría del Pueblo, consideremos
esencial para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
obtener información sobre pueblos indígenas en los censos de población dado que
éstos son fuentes valiosas de datos de cobertura nacional.
La información que arrojan
diferentes instrumentos de carácter cuantitativo, como el censo, resultan
fundamentales para la toma de decisiones, al entregarnos evidencias sobre sus
principales problemas y necesidades así como contribuir en la medición del
resultado de diferentes políticas públicas a lo largo del tiempo.
La disponibilidad de información
sobre el origen étnico de la población permitirá desarrollar análisis
sociodemográficos para una distribución más equitativa de los recursos del
Estado que puedan ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida y sus posibilidades
hacia el futuro.
Los resultados del censo
adquieren relevancia también cuando la información permite a los propios
pueblos indígenas el planteamiento de soluciones. El Estado ha jugado un rol
central en la historia de dichos pueblos a través del diseño de políticas que
han pretendido -bajo la excusa de solucionar las inequidades existentes-
plantear estrategias que enfatizan aspectos cuantitativos, materiales o
económicos, dejando a un lado aspectos sociales y culturales por considerarlos
de menor importancia, pero que claramente forman parte de las demandas
indígenas.
En este sentido, la participación
de los pueblos indígenas en la toma de decisiones resulta fundamental. Al ser
ellos los principales afectados de una inserción económica débil, tienen que
ser puestos en el centro de las estrategias, como actores y partícipes de su
propio desarrollo, aportando nuevas alternativas de solución que consideren sus
propias especificidades culturales.
Los retos de la formulación de
una pregunta adecuada
En nuestro país se viene
trabajando para alcanzar un consenso con respecto al formato y redacción más
adecuada para una pregunta que permita integrar apropiadamente las
preocupaciones sobre los errores de inclusión o exclusión de personas que se
consideran parte de uno de los 54 pueblos indígenas que, hasta el momento, han
sido identificados por el Estado.
La experiencia ha demostrado que
los resultados son muy sensibles a la forma de enunciar la pregunta. Esto no es
un elemento irrelevante en la identificación de las personas, ya que
redacciones diferentes para las mismas variables pueden producir resultados
inesperados. Por ejemplo, en el último Censo Nacional Agrario 2012, se preguntó
sobre la pertenencia de la comunidad campesina a “un pueblo indígena”. A esta pregunta
solo cuatro comunidades campesinas de las 5 mil que se censaron respondieron
afirmativamente. Esto a pesar de que un alto porcentaje respondió de manera
afirmativa respecto de otros criterios de identificación étnica como el uso de
la lengua originaria (73%), el mantenimiento de la propiedad comunal de sus
tierras (70%), la conservación de prácticas de trabajo comunal (88%) o el uso
de curanderos para atender sus enfermedades (37%).
Si bien las personas de las
comunidades campesinas comparten un sentimiento de identidad con una
colectividad en función de ciertos elementos comunes tales como el idioma, el
uso de determinadas instituciones sociales, el mantenimiento de traiciones y
prácticas ancestrales, o una combinación de estos elementos, al parecer el
término “indígena” o “pueblo indígena” -denominación que el Convenio 169 de la
OIT utiliza- no contribuye sustantivamente a la visibilización de la identidad
étnica de las comunidades campesinas andinas.
El rechazo al término indígena
puede responder a diversos procesos de exclusión social que han contribuido
para que dicha palabra tenga, para muchos, una gran carga peyorativa. Es
importante recordar que, en términos de convivencia, las relaciones con la
población andina han estado marcadas por la discriminación que ha perdurado a
través de los años y en los que palabras como “indio”, “cholo” o “indígena” han
sido utilizadas para denigrar. Se requiere, por ello, seguir explorando, a
efectos del censo, nuevas formas que permitan identificar a la población y que
tengan legitimidad social.
A nivel comparado, el cambio en
la redacción de la pregunta ha producido también resultados inconsistentes. En
efecto, en Chile a pesar de que en el Censo del 2002 arrojó como resultado el
incrementó de la cantidad de pueblos indígenas en los cuales era posible
identificarse, la proporción de la población que se autoidentificó como tal
disminuyó de 10,3% a 4,6% entre 1992 y 2002. Esta disminución puede ser
explicada en parte por cambios en la forma de formular la pregunta sobre
pertenencia indígena. En 1992, la pregunta utilizada era “Si usted es chileno,
¿se considera perteneciente a alguna de las siguientes culturas?”. En el 2002,
la pregunta fue cambiada a “¿Pertenece usted a alguno de los siguientes pueblos
originarios o indígenas?”. La modificación de la pregunta arrojó cambios
significativos en los porcentajes encontrados, lo que dificulta en gran medida
las posibilidades de hacer comparaciones objetivas.
En atención a estas
complejidades, en junio del 2013, en nuestro país se creó el «Comité Técnico
Interinstitucional de Estadísticas Étnicas» (CTIEE). Este Comité, conformado
por entidades de la administración pública (INEI y Ministerio de Cultura),
organizaciones indígenas (CONAP, ONAMIAP), organizaciones afroperuanas (Cedemunep,
Cedet), organizaciones internacionales (Fondo de Población de las Naciones
Unidas, Unicef), instituciones académicas (Pontificia Universidad Católica del
Perú, Universidad del Pacífico) y organizaciones de la sociedad civil (GRADE,
Chirapaq), tiene por finalidad elaborar una propuesta metodológica y una
pregunta de consenso que permita captar de forma correcta y objetiva la
etnicidad de la población y presentarla como propuesta para su incorporación al
cuestionario del censo del 2017 y, posteriormente, en los registros
administrativos y las encuestas nacionales.
Los debates en su interior son
intensos pues, como se ha explicado, formular una pregunta que tome en cuenta
las definiciones y terminologías que tengan sentido para los propios ciudadanos
y ciudadanas indígenas y disminuyan los sesgos que conducen a errores de
enumeración, no es una tarea sencilla. Sin embargo, hay importantes avances. A
la fecha, el INEI viene procesando los resultados de una prueba piloto que
realizó en el mes de octubre sobre una propuesta de pregunta consensuada en el
CTIEE. Esta información de campo permitirá contar con datos empíricos que
contribuyan a mejorar la pregunta formulada.
Una campaña de sensibilización
Estas acciones, sin embargo, por
sí solas son insuficientes. La posibilidad de estimar la magnitud real de la
población indígena dependerá también de la conciencia étnica que tengan y de la
medida en que los pueblos indígenas perciban el censo como un instrumento
legítimo.
Un aspecto clave para ello es
asegurar la participación de las organizaciones indígenas en todo el proceso de
recolección de la información así como en las campañas de sensibilización
dirigidas a los integrantes de sus comunidades. Estas actividades deberían
realizarse de manera bidireccional. Es decir, sensibilizar y capacitar a la
población indígena pero también a los encargados del diseño, recolección y
análisis de datos sociodemográficos a fin de que se comprendan la naturaleza de
los grupos que se están estudiando y se mejoren los instrumentos en función de
las especificidades étnicas.
Es necesario que el Estado, a
través del Ministerio de Cultura y el INEI, gestione y destine el presupuesto
necesario y trabaje articuladamente de forma oportuna para enfrentar el desafío
que supone repensar la comunidad política y los mecanismos de inclusión
ciudadana en los que hasta ahora se ha basado nuestro modelo de sociedad.
A nivel comparado, ha quedado
demostrado que la campaña de comunicación juega un papel fundamental para el
éxito del censo. Ecuador, el último país en hacer un censo con esta pregunta de
autoidentificación, dedicó dos años a la campaña antes de su realización.
Nuestro censo se hará en el 2017.Todavía estamos a tiempo pero requerimos
empezar con una campaña de sensibilización lo antes posible.
Reflexión final
Conocer con mayor detalle la
composición étnica de nuestro país es uno de los desafíos contemporáneos más
importantes que tenemos. En la medida en que las identidades étnicas se
construyen en base a diferentes aspectos, contar con dos o más preguntas que
sean cada vez más precisas y pertinentes es indispensable para captar nuestra
realidad pluriétnica. Ello requiere, sin lugar a dudas, además de un trabajo
sostenido y creciente de revalorización de nuestras distintas identidades culturales.
La contribución del censo a hacer visible a la población indígena es un
importante paso en esta dirección.
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*Daniel Sánchez es el jefe del Programa de Pueblos Indígenas
de la Defensoría del Pueblo.
Publicado en Ideele Revista Nº 256, diciembre 2015.