“… Llamamos la atención sobre el potencial impacto
adverso que estos tratados y acuerdos (comerciales y de inversiones) pueden
tener en el goce de los derechos humanos como son reconocidos en instrumentos
legales vinculantes, ya sean civiles, políticos o culturales, económicos o
sociales”.
La cita anterior no es de un grupo de radicales
antisistema. Es del documento Preocupación de expertos de las Naciones Unidas
sobre los efectos adversos de los acuerdos de libre comercio e inversión sobre
los derechos humanos, que precisa: “Nuestra preocupación está relacionada con
el derecho a la vida, la alimentación, el agua y la sanidad, la salud, la
vivienda, la educación, la ciencia y la cultura, los estándares laborales
vigentes, la justicia independiente, un medio ambiente limpio y el derecho a no
ser objeto de reasentamiento forzado”. (1)
Para los pueblos indígenas y sus organizaciones, esta
preocupación no es nueva. Desde hace casi tres décadas presenciamos como los
avances globales en instrumentos y mecanismos de derechos humanos en general y
de derechos de los pueblos indígenas en particular, están en permanente
conflicto con la imposición y expansión del modelo económico neoliberal, el
cual en países pobres se implementa con una sistemática violación de derechos.
Como ya lo hemos venido manifestando, el Acuerdo Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés
(Trans Pacific Partnership) no es la excepción. Negociado a espaldas de la
sociedad civil, vulnera derechos fundamentales. En principio, su aprobación
viola el derecho a la consulta previa y el consentimiento libre e informado,
sustentado en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia nacional e
internacional, la Ley de Consulta 29785 y su reglamento. Por ende, su
aplicación afectaría nuestros derechos indígenas.
Por ejemplo, si el TPP es ratificado por el Congreso de
la República, precarizaría aún más nuestros derechos territoriales, ya
amenazados por normas promotoras de la inversión (“paquetazos ambientales”)
contra las cuales las organizaciones indígenas ya nos hemos pronunciado e
iniciado acciones legales.
También está en peligro nuestro derecho a los
conocimientos tradicionales, al medio ambiente, a la salud, a la protección
contra el desplazamiento forzoso. Porque el TPP flexibilizaría aún más las
normas ambientales, dando mayores facilidades de inversión a las actividades
extractivas; nos obligaría a abandonar nuestros territorios por la dificultad
de dedicarnos a nuestras actividades tradicionales, como la agricultura y la
ganadería, y encarecería los medicamentos.
La firma del TPP además atentaría contra la
biodiversidad, la seguridad y la soberanía alimentaria, los derechos laborales
y la soberanía nacional. Esto último porque toda controversia se resolvería en
el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones
(CIADI), donde los Estados débiles pierden siempre ante los países poderosos y
sus corporaciones transnacionales.
Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas
Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, reiteramos nuestro rechazo total al
TPP, nuestro llamado al Poder
Legislativo a no ratificarlo y nuestra convocatoria a la sociedad civil para
enfrentar colectivamente este acuerdo.
(1) Citado por José
Aylwin en El TPP y sus implicancias para la soberanía y los derechos humanos en
América Latina.