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| Foto: Reuters |
Inundaciones en el
norte, sequía en el sur y huaycos en el centro. Hasta ahora, el costo de estos desastres ha sido 11 muertos, 5181 damnificados, 79245 personas afectadas, 588 viviendas
colapsadas, 5192 viviendas inhabitables, 12941 casas afectadas y 200 kilómetros
de carreteras afectadas, según reportes oficiales del Ministerio de
Agricultura. Sin contar la pérdida de sembríos y animales que nos afecta
principalmente a los pueblos indígenas y de manera diferenciada a las mujeres indígenas.
El Fenómeno de El
Niño fue anunciado con anticipación: los expertos advirtieron que el que nos
afecta este año sería uno de los más fuertes de la historia. Nos resistimos,
sin embargo, a hablar en términos de “desastres naturales”, porque nueve de
cada diez desastres climáticos están relacionados con el cambio climático, de
acuerdo con la Oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Reducción del Riesgo de Desastres. Es
decir, son consecuencia de la acción (e inacción) de los Estados y las empresas
privadas.
Sin lugar a dudas, los más impactados
somos los que menos recursos tenemos: los pueblos indígenas, por nuestra dependencia del
ciclo del agua para subsistir, el mismo que ahora está totalmente alterado. Perdemos
nuestros sembríos por las inundaciones o la escasez de agua, nuestros animales
mueren de frío o por falta de pastos para subsistir y agua para beber. Siendo las más impactadas las mujeres indígenas. El Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala:
“En los países en los
que se tolera la discriminación de género, las mujeres y las niñas ocupan un
lugar de especial vulnerabilidad ante los peligros naturales. Esto se ve
reflejado no sólo en el porcentaje de mujeres y niñas que mueren, mucho más
alto en estos países que en otros, sino también en la incidencia de la
violencia de género – en la que se incluyen la violación, la trata de personas
y la violencia doméstica –, que aumenta de forma exponencial durante y después
de los desastres. En la mayoría de los casos, los desastres acarrean para
mujeres y niñas una carga adicional, puesto que es sobre ellas sobre las que
recae la responsabilidad del trabajo no remunerado (suministro de cuidados,
agua y alimentos para los hogares, entre otros)”. (Género y Desastres, PNUD).
Añadimos que en el
Perú, a la discriminación de género se suma la discriminación étnica. El mismo
documento del PNUD informa: “según los datos de 141 países afectados por
desastres entre 1981 y 2002, los desastres tienen un impacto negativo mayor
sobre la esperanza de vida de las mujeres que sobre la de los hombres. Las
mujeres, los niños y las niñas son 14 veces más propensos que los hombres a
morir durante un desastre”.
En nuestro país,
particularmente vulnerable a los desastres naturales, estos son recurrentes.
Pero no existen políticas públicas de prevención, no se destinan presupuestos
suficientes para las medidas preventivas y de reparación. Urge crear seguros
integrales para los pueblos indígenas, para que estos fenómenos no nos dejen
desamparados y desamparadas frente a la pérdida de nuestros medios esenciales
de subsistencia.
Se necesitan también
programas de investigación y promoción, debidamente presupuestados, de los
conocimientos y prácticas tradicionales de nuestros pueblos indígenas. Aquellos
que durante miles de años permitieron enfrentar con éxito los cambios
climáticos y que hoy se traducen en prácticas comunitarias de adaptación.
Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), nos solidarizamos con los peruanos y las peruanas afectadas por los desastres naturales en las diferentes regiones. Asimismo, demandamos al Estado la creación de políticas pertinentes de prevención y reparación, en nombre de nuestro derecho a la vida y en defensa de nuestra Madre Tierra.
Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), nos solidarizamos con los peruanos y las peruanas afectadas por los desastres naturales en las diferentes regiones. Asimismo, demandamos al Estado la creación de políticas pertinentes de prevención y reparación, en nombre de nuestro derecho a la vida y en defensa de nuestra Madre Tierra.