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| Foto: Servindi |
Cuarenta y siete comunidades campesinas del
Pueblo Indígena Chanka afectadas, 70% de los comuneros y las comuneras de la
comunidad de Chuykuni desplazados y desplazadas, el derecho a la consulta
previa vulnerado, promesas incumplidas y una mesa de diálogo en la que no
participan.
Estas son las razones por las que cerca de cien comuneros y
comuneras de las provincias de Grau y Cotabambas, región Apurímac, llegaron la
noche del 8 de marzo a Lima en una marcha de sacrificio que recorrió cientos de
kilómetros.
El conflicto de las comunidades Chanka causado
por la implementación del proyecto minero Las Bambas no es nuevo. En el 2015
causó la muerte de tres comuneros y varios policías heridos. El Estudio de
Impacto Ambiental aprobado el 2011 ha sido modificado sin consulta previa y la
empresa MMG Limited ha instalado una planta de molibdeno que amenaza la salud
de las comunidades, en particular la de los niños y las niñas.
Al llegar a Lima, los comuneros y las comuneras tuvieron que dormir en un
parque. Y gracias al apoyo de algunas personas, en estos momentos están en una cochera ubicada en el
cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el Jirón Cailloma, en el centro de
Lima. Sin embargo, necesitan nuestra solidaridad efectiva.
Los comuneros y las comuneras han denunciado
reiteradamente la contaminación ambiental, al punto que sus cultivos
desaparecen y sus animales no cuentan con aguas limpias para beber. Para ello
la minera compró sus tierras a bajísimos precios, para convertirlas en
depósitos de los desechos de la mina. Y a todo ello se suma la persecución
policial y la criminalización de su derecho a la protesta.
Los y las representantes de las 47 comunidades
Chanka han anunciado una movilización para el jueves 17 de marzo y su
disposición a iniciar una huelga de hambre si no se inicia el diálogo directo
con el Poder Ejecutivo.
Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas
Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) expresamos nuestra firme solidaridad con
nuestros hermanos y hermanas Chankas y exigimos la atención inmediata de
sus demandas. El Estado está obligado a proteger nuestros derechos, pero en su
lugar reprime nuestro ejercicio de los mismos. Hablamos de nuestros derechos
territoriales, a la consulta previa, al medio ambiente saludable, a no ser
desplazados. Estamos vigilantes y convocamos a las organizaciones indígenas y
del movimiento social a pronunciarse.