En la actualidad, el crecimiento
económico de nuestro país no ha significado una mejora para la vida de las
mujeres indígenas, sino, por lo contrario, la política de inversión impulsada en
base a las industrias extractivas ha significando un deterioro en las
condiciones de vida de los pueblos y de las mujeres indígenas, pues si bien es
cierto su incorporación ha sido en mayor medida al mercado laboral, están
trabajando como mano de obra barata en la mayoría de los casos, su pago es menos
que a los hombres (representa el 56% del ingreso a los varones) en condiciones
inadecuadas y sin respeto de sus derechos.
A esta situación, hay que
agregarle que el trabajo familiar no remunerado sigue siendo femenino y la
crisis económica significa que los varones y las mujeres más jóvenes emigren de
las comunidades, quedando las labores productivas y reproductivas a cargo
únicamente de las mujeres, trabajo que no es reconocido en las estadísticas.
La presencia de industrias
extractivas en los territorios indígenas no se traduce en una mejora de
nuestras condiciones de vida, aunque en ciertos casos proporcione fuentes de
trabajo a algunos de los comuneros. Esto también significa una recarga de
trabajo de las mujeres, que tienen que afrontar las labores productivas que
comparten con los varones. Por otra parte, alrededor de las industrias se
generan actividades que ponen en riesgo la integridad de las mujeres, que
muchas veces son engañadas y llevadas a las localidades donde se ejecutan los proyectos
para ser prostituidas u obligadas a realizar servicio doméstico o trabajar en
bares, en situación casi de esclavitud.
Las nuevas formas de cultivo,
el impulso a aumentar la producción y la influencia de la cultura dominante han
incidido en que se debiliten los valores tradicionales y se pierdan rituales
que dan cuenta de lo que los pueblos indígenas consideran como sagrado y que
por lo tanto debe ser sujeto de agradecimiento y reciprocidad, como, por ejemplo,
el pago a la pacha mama, adoración a las plantas, ceremonia a la siembra.