Durante la conferencia de prensa realizada en el local de la Confederación Nacional Agraria (CNA), el vocero Antolín Huáscar afirmó que este será un espacio desde donde se plantearán críticas y propuestas al proceso de negociaciones internacionales en torno a un nuevo Acuerdo Climático Global y el desarrollo de la agenda ambiental interna en nuestro país.
Huáscar remarcó que el cambio climático afecta a la población en general, debido a que los problemas de estrés hídrico y acceso restringido al agua afectan a la agricultura, generando escasez de alimentos en el campo y la ciudad. Por eso, demandó los gobiernos que participarán en la COP20 –que se llevará a cabo en nuestro país– permita que las organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios participen activamente en la construcción de una nueva gobernanza climática global.
Asimismo, exhortó al Gobierno peruano a que dé a conocer cuál será el planteamiento que presentará el presidente Ollanta Humala en la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas el próximo 23 de setiembre en Nueva York.
La Cumbre de los Pueblos se desarrollará entre el 8 y el 11 de diciembre en la ciudad Lima. Se espera que participen unas 8 mil personas y más de 200 organizaciones provenientes de todo el mundo.
Al respecto, Salvador Sánchez, vocero de la Cumbre por la Asociación Nacional de Productores Ecológicas del Perú (ANPE), precisó que están llegando delegaciones del ámbito nacional e internacional para participar en la gran Marcha Global de los Pueblos frente al Cambio Climático, que se llevará a cabo el 10 de diciembre en Lima y diversas ciudades como un pasacalle que mostrará la diversidad cultural de los pueblos.
Sánchez recordó que el “presidente Ollanta Humala dijo que este era el año de los pequeños agricultores, pero cuando queremos participar en la conferencia mundial, no hay acceso”.
Por su parte, Gladis Vila, representante de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y vocera de la Cumbre, aseveró que su principal preocupación es mostrar lo mucho que el cambio climático afecta al país y a los agricultores. “La Cumbre del 8 al 11 de diciembre será un hito importante que reunirá a miles de peruanos y nos permitirá tomar conciencia de la gravedad de este problema global y sus implicancias para nuestra vida cotidiana y el desarrollo de los pueblos”, anotó.
Vila exigió prestar atención a los acuerdos y compromisos que asuma el Gobierno peruano en la Cumbre del Clima que convocada por el secretario general de NNUU, Ba Kin-Moon. “Nos preocupa que nuestro país no asuma el rol político que implica tener la presidencia de la COP20; por eso esperamos que el presidente Humala exprese un compromiso político a la altura del reto asumido. Nos causa alarma que no haya transparencia en lo que se quiere plantear, pues el objetivo es llegar a diciembre con propuestas claras e inclusivas”, aseveró la dirigente indígena.
Al respecto, remarcó la propuesta de promover un Programa Nacional de Adaptación Comunitaria formulada por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú.
AGENDA CLIMÁTICA
A su turno, Ibis Fernández, dirigente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y vocera de la Cumbre, enfatizó que el proceso de debate normativo ambiental no ha sido transparente y que no se han recogido las propuestas alcanzadas por la sociedad civil a través de las organizaciones que conforman la Cumbre de los Pueblos.
“Existe un doble discurso de parte del gobierno en torno a la agenda climática. Vemos una falta de voluntad política para fortalecer la autoridad ambiental. Por ejemplo, la propuesta de Estrategia Nacional de Cambio Climático presentada por el Ministerio del Ambiente contiene políticas regresivas. La Ley 30230 representa un ‘paquetazo’ de normas que flexibilizan las inversiones sin tener en cuenta el impacto climático”, denunció.
Comentó que Humala se presentará en Nueva York en un momento en el que se vienen dando una serie de conflictos sociales socioambientales que han cobrado la vida, la semana pasada, de cuatro líderes asháninkas (Edwin Chota, Leoncio Quincimac, Jorge Ríos y Francisco Pinedo) por enfrentar a las mafias de madereros que operan impunemente en diversas regiones amazónicas del país.
“Exigimos al Gobierno sancione a los responsables políticos y materiales de un asesinato originado en la defensa de los territorios indígenas. ¡Ni un muerto más por defender sus derechos!” exclamó.
Fernández indicó que las organizaciones de la sociedad civil quieren ser propositivas y por esa razón plantean que la Estrategia Nacional de Cambio Climático sea resultado de un proceso participativo que involucre a las organizaciones involucradas con este proceso y tenga carácter transversal e intersectorial.
Además, alertó que es necesario definir cuál será el ente rector que implemente y supervise la política ambiental interna: la Presidencia del Consejo de Ministros o el Ministerio del Ambiente. Señaló también que no debe desaparecer el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), e instó al Gobierno a que oriente sus políticas sectoriales identificando los grupos vulnerables y priorizando las políticas de adaptación.
“Existe hasta cinco proyectos para una Ley de Cambio Climático trabajándose en el Congreso y una de ellas auspiciada por una agencia mundial de las NN.UU. Por eso necesitamos un proceso democrático, transparente y con mucha participación ciudadana”, comentó.
Finalmente, Rosa Guillén, de Marcha Mundial de Mujeres (MMM) y vocera de la Cumbre, aseveró que no es aceptable que se planteen nuevas formas de crear combustible como una solución al problema climático, sobre todo, aquellas que están basadas en la agricultura. “Queremos desarrollar más bien, una agricultura sostenible, con energía y sana”, puntualizó.