Ante el asesinato de cuatro dirigentes asháninkas a manos de taladores ilegales y la muerte de dos ciudadanos de la provincia de La Convención, en el Cusco –el primero un menor de edad y el segundo el alcalde de Kepashiato quien muriera en circunstancia aún no esclarecidas– el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú declaramos:
1. Denunciamos la complicidad del Estado peruano en la tala ilegal que opera impunemente en el Perú y que es blanqueada y exportada a vista y paciencia de las autoridades peruanas y en el asesinato de los cuatro dirigentes indígenas: Edwin Chota Valera, Leoncio Quincima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo, pertenecientes a la Comunidad Nativa Saweto, ubicada en las cabeceras del río Tamaya en el distrito de Masisea en la Región Ucayali.
2. Denunciamos la responsabilidad del Estado en la política de criminalización que se viene implementando contra luchadores sociales y dirigentes comunales que defienden la vida, el ambiente y sus legítimos derechos colectivos y que ya ha cobrado 35 víctimas en conflictos sociales solo durante el actual gobierno de Ollanta Humala Tasso.
3. Denunciamos que la política de criminalización ha cobrado dos nuevas víctimas en la provincia de La Convención, en el Cusco, habiendo fallecido el adolescente Jhapet Huillca Pereyra (16) al impactarle en el abdomen un proyectil de arma de fuego de largo alcance. El otro fallecido es Rosalío Sánchez, alcalde del centro poblado de Kepashiato.
4. Exigimos al Ministerio Público investigar, determinar los culpables de tales crímenes celeridad e independencia y sancionar con toda la fuerza de la ley y de manera ejemplar a los responsables directos e indirectos de tales asesinatos.
5. Exigimos y rechazamos el uso de la fuerza y armamento letal en el tratamiento de los conflictos sociales, contraviniendo principios internacionales sobre la necesidad de regular el uso de la fuerza por parte de los órganos policiales y militares en el marco del respeto y restricto a los derechos humanos.
6. Exhortamos al Poder Ejecutivo a designar una Comisión de Alto Nivel que se traslade a la zona y agote los canales de diálogo a fin de atender las justas y legítimas demandas del pueblo de La Convención que desde hace años denuncia la corrupción institucional, la falta de beneficios derivados del gaseoducto sur andino y la amenaza de graves impactos ambientales de la hidroeléctrica en Santa Teresa, entre otras demandas que ocasionan malestar social.
7. Denunciamos que estas acciones se producen en un contexto de agresión y vulneración de los derechos territoriales de las comunidades y pueblos originarios expresada en la Ley 30230, conocida también como Ley del Paquetazo Anti Ambiental o Ley Mataparques, y que ha sido elaborada únicamente para favorecer la inversión privada por encima de la persona humana, el derecho a la vida, al ambiente y otros derechos consagrados por la Constitución Política.
Lima, 9 de setiembre, 2014