El sábado 20 de junio, el Decreto Supremo 009-2015 del Ministerio de Agricultura aprobó la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2020 (ENAF), medida largamente esperada (cabe recordar que esta Estrategia fue aprobada en diciembre de 2013) que involucra a la inmensa mayoría de productores agrarios, de los cuales depende la alimentación del país y con ello la soberanía y seguridad alimentarias.
Lo que nos sorprende y preocupa es que la misma norma crea una comisión multisectorial encargada de fiscalizar la implementación de la ENAF, encabezada por el Ministerio de Agricultura y Riego, e integrada por otros nueve ministerios. Es decir, sin participación de los directamente interesados, los millones de hombres y mujeres del campo largamente postergados por una política que privilegia los grandes complejos agroindustriales.
Por el contrario, el DS 009-2015-MINAGRI solo considera que participen como invitados a la citada comisión entidades públicas y privadas. ¿Se considerará dentro de ellas a las organizaciones indígenas campesinas y agrarias que representan a las comunidades campesinas, comunidades andinas y comunidades nativas? ¿Qué garantía tenemos de que, en la práctica, la Comisión garantice la plena vigencia de los derechos humanos y el compromiso de establecer una política de seguridad alimentaria, como señala la norma? Más aún si en esta Comisión está ausente el Ministerio de Economía y Finanzas, el súper-ministerio que es el que decide las grandes políticas del Estado.
El Censo Nacional Agropecuario del 2012 reveló que 3.15 millones de personas se dedican a la agricultura familiar, lo que representa el 97% de los más de dos millones de unidades agropecuarias. La agricultura familiar aporta el 80% de los productos que se consumen en la canasta familiar. Todo esto sin recibir, en la mayoría de los casos, remuneración, asistencia técnica ni apoyo tecnológico.
Mientras tanto, las políticas privilegian a los grandes agroexportadores, con una desigual política de distribución del agua, sin derechos laborales para los trabajadores y las trabajadoras y con una progresiva re-latifundización, donde grupos económicos concentran mayor cantidad de tierras que las grandes haciendas existentes hace casi medio siglo.
Como Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú exigimos la participación de las organizaciones indígenas, agrarias y campesinas en la fiscalización de la implementación de la ENAF, la aprobación inmediata de la Ley de Seguridad Alimentaria y el cambio de las políticas agrarias para que se proteja y apoye a los pequeños agricultores, los agricultores familiares y las comunidades campesinas y comunidades nativas.
En estas comunidades, que reúnen a nuestros pueblos indígenas, está la sabiduría que garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria. No podemos estar ausentes de las políticas que nos involucran y en las que debemos ser los protagonistas.
