Por: Daniel Sánchez Velasquez*
La queja recurrente de los empresarios
de nuestro país es que existen muchos trámites para concretar sus inversiones.
“Tramitología” y “permisología” son palabras que se repiten a menudo cuando se
discute sobre economía. El Gobierno, ante la presión de los sectores
económicos, se ha trazado como objetivo su reducción. Sin embargo, esta misma
diligencia no se observa en otros espacios frente a trámites innecesarios que, a diferencia de
los intereses económicos, buscan garantizar derechos.
Las comunidades campesinas y nativas
vienen padeciendo la incertidumbre jurídica sobre sus tierras desde hace muchos
años. La burocracia estatal para darles su título de propiedad comunal, las
obliga a seguir procedimientos complejos mediante los cuales se tiene que conseguir
más de veinte autorizaciones. En la práctica, muchas de ellas tienen que
transitar durante años por las ventanillas de municipalidades, gobiernos
regionales, registros públicos e incluso, sin importar la lejanía y lo costoso
de estos viajes, ante ministerios cuyos funcionarios únicamente los atienden en
la capital.
Esta enredada burocracia hizo que la
comunidad asháninka de Alto Tamaya Saweto luchara, infructuosamente, durante 12
años para lograr la titulación de sus tierras. Aún hoy, nueve meses después de
que cuatro de sus líderes, entre ellos Edwin Chota, fueran asesinados y las
máximas autoridades de nuestro país les prometieran su inmediata titulación,
aún se encuentra pendiente completar el trámite para la inscripción de su
título de propiedad ante los Registros Públicos.
Esta situación, sumada al hecho de
que, para muchos funcionarios, nuestra Amazonía se encuentra despoblada, genera
el otorgamiento de concesiones forestales u otras autorizaciones a terceros
para actividades económicas sin tomar en cuenta que en dichos espacios
territoriales han vivido durante siglos comunidades indígenas que, por
desconocimiento del procedimiento o los elevados costos asociados a dichos
trámites, no han formalizado la posesión y titulación de sus tierras.
La falta de ordenamiento territorial
del Estado genera, en la práctica, serios conflictos donde, de un lado, las
empresas reclaman contar con las autorizaciones legales para realizar sus
actividades y, del otro, comunidades que se sienten desplazadas de espacios que
poseen ancestralmente. Así, comunidades como Puerto Azul, del pueblo indígena
Kakataibo, o Nuevo Amanecer Hawai, del pueblo Asháninka, 25 años después de
haber iniciado sus trámites aún no logran la esperada seguridad sobre sus
tierras que les sirva para planificar su desarrollo, pues encuentran la
oposición de algunas empresas asentadas en dichas zonas.
Se necesita, en suma, una
simplificación administrativa que establezca un procedimiento claro y sencillo
para que las comunidades accedan a la propiedad de sus tierras. También se
requieren directivas que orienten a los gobiernos regionales en la solución de
estas controversias de derechos.
Hace dos años se encargó al Ministerio
de Agricultura esta tarea. Sin embargo, transcurrido este tiempo, no se
aprecian avances que permitan desenredar esta telaraña de permisos y
conflictos. Se requiere, entonces, un acuerdo político que permita priorizar
esta tarea, pues en este cambalache jurídico los únicos que se benefician son
los taladores y mineros ilegales que, ante la incertidumbre sobre la propiedad,
ingresan a estas zonas y encuentran un terreno fértil para sus ilícitas
actividades. Como país, no podemos seguir permitiéndolo.
*Jefe del Programa de Pueblos
Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Publicado en el diario El Comercio (30/06/2015)