Nuestra identidad como pueblos
indígenas está íntimamente vinculada a nuestros territorios, entendidos de
manera integral: suelo, subsuelo y sobresuelo, con todo lo que allí convivimos
en relación armónica: tierras, aguas, plantas, animales, biodiversidad y bienes
naturales en general, los hombres y las mujeres indígenas. Nuestros
territorios son los espacios donde se unen pasado, presente y futuro, donde
ejercemos nuestra libre determinación: economía y cultura, instituciones,
religiosidad. Nuestras vidas.
Este vínculo va mucho más allá de un
título de propiedad. De nuestros derechos territoriales emana el conjunto de
nuestros derechos: ambientales, a la salud, a la educación, al modelo propio de
desarrollo, al uso y disfrute de los bienes naturales, a un ambiente sano, a la
consulta y consentimiento previo, libre e informado y a la libre determinación.
En las últimas décadas se ha producido
un fenómeno contradictorio, mientras los organismos internacionales han ido
reconociendo progresivamente nuestros derechos, con hitos como el Convenio 169
de la OIT, los organismos especializados de las Naciones Unidas y la adopción
por la Asamblea General de la misma ONU de la Declaración sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas; paralelamente se iniciaba la globalización neoliberal
que pretende hacer homogéneos los modelos económicos y las culturas.
El fin supremo de esta globalización es
la acumulación individual. Para ello los centros de poder necesitan saquear los
bienes naturales que albergan nuestros territorios: agua, minerales e
hidrocarburos, maderas. Los Estados entonces imponen políticas que precarizan
nuestros derechos territoriales para favorecer las inversiones en actividades
extractivas.
Aunque no es un fenómeno nuevo, en el
Perú cobra fuerza a partir de la Constitución de 1993, que recortó los derechos
territoriales de nuestras comunidades. Luego vendrían una serie de normas y
estigmatizaciones de los pueblos indígenas como “perros del hortelano” o
“ciudadanos de última categoría”.
La última versión de estas agresiones
son los llamados “paquetazos ambientales” o, formalmente, normas de promoción
de la inversión: las leyes 30230 y 30327, y el Decreto Supremo 001-2015 del
Ministerio de Energía y Mina son los que más atentan contra nuestros derechos y
las organizaciones indígenas no solo los hemos denunciados, sino que hemos
iniciado acciones legales contra ellos.
Mientras se favorece esa inversión, el
Estado carece de una política de titulación de tierras de las comunidades.
Porque lo que le interesa es exactamente lo contrario: debilitar cada vez más
nuestros derechos territoriales.
Pero los pueblos indígenas y sus
organizaciones no lo permitiremos. Insistiremos en que se reconozca nuestro
concepto integral de territorio. Y no podrán despojarnos de ellos porque
permitirlos equivaldría a permitir que se nos despoje de nuestra identidad.