Por presión de las compañías
mineras, el Ministerio de Energía y Minas ha logrado que durante tres años el
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura oculte la lista
de pueblos indígenas ubicados en la zona andina (que habían considerados en un
primer momento), evitando que nuestras
comunidades campesinas ejerzan su derecho a la consulta y el consentimiento
previo, libre e informado cuando los proyectos mineros invaden sus territorios.
Sin embargo, esta lista
preliminar ha sido revelada en el informe Los secretos mineros detrás de la
lista de comunidades indígenas en el Perú, publicado por OjoPúblico el 22 de
julio
(http://www.ojo-publico.com/77/los-secretos-detras-de-la-lista-de-comunidades-indigenas-del-peru),
según el cual “más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina (que
existe desde finales del 2012) se ubica en territorios quechuas con derecho a
la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la
operación de 25 compañías mineras (…) y contrató, además, a consultores
privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no”.
Frente a esta grave vulneración a
los derechos que como pueblos indígenas nos corresponden, la Organización
Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP,
manifiesta:
- El derecho a la consulta previa, libre e informada rige en el Perú desde febrero de 1995, cuando entró en vigencia el Convenio 169 de la OIT. La propia OIT y diversos organismos internacionales han señalado que este derecho, por formar parte del sistema de derechos humanos, no necesita reglamentarse ni de leyes especiales para ejercerse. Por tanto, todos los proyectos extractivos o de infraestructura aprobados entre la citada fecha y hasta la promulgación de la Ley de Consulta son ilegales, pese a que dicha ley establece su “no retroactividad”. Pero el Convenio 169, al tener rango constitucional, está jurídicamente por encima de la Ley de Consulta.
- Las comunidades campesinas y las comunidades nativas eran llamadas originalmente “comunidades indígenas” en la legislación nacional. Más allá de esto, el cambio de nombre no cambia su esencia. Quienes estamos organizados y organizadas en comunidades campesinas y nativas descendemos de naciones existentes antes de la conquista y de la creación del Estado actual. Sin embargo, siempre hemos sido marginados, perseguidos, invisibilizados, vistos como sujetos de asistencia y no de derecho, han querido asimilarnos en una clara expresión de genocidio cultural.
- Una vez más se demuestra quién gobierna en el Perú. Es por demás conocido que en el Consejo de Ministros las decisiones son tomadas, básicamente, por los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (MINEM), quienes dirigen las políticas económicas que determinan las políticas públicas en general. Los esfuerzos por mostrarse democráticos de los funcionarios del Ministerio del Ambiente y el Viceministerio de Cultura chocan cotidianamente con esta realidad: ellos no tienen poder alguno de decisión.
- ¿Y quién está detrás del MEF y el MINEM? Pues las grandes empresas que manejan los hilos del poder, la CONFIEP y en particular su socia mayor: la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), cuyos voceros hacen coro con los representantes del gobierno para decir que no hay pueblos indígenas en los andes. ¿Los quechuas, lo aimaras y otros pueblos indígena andinos, qué somos entonces? El informe de OjoPúblico señala claramente que el MINEM contrató consultoras privadas para “demostrar” que no había pueblos indígenas donde autorizó la operación de 25 compañías mineras entre el 2012 y el 2015 sin el requisito de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. ¿Por qué el Viceministerio de Cultura lo permitió? Porque el poder real lo tiene la SNMPE.
- Desde la promulgación de la Constitución de 1993 por el régimen fujimorista, nuestros derechos vienen siendo sistemáticamente recortados. Las últimas manifestaciones son los llamados “paquetazos ambientales” que precarizan la seguridad jurídica de nuestros territorios para entregarlos a los proyectos extractivos y las normas ambientales. El modelo económico primario exportador pone la captación de inversiones por encima de nuestros derechos y los de nuestra Madre Tierra.
