El pueblo indígena Urarina de la cuenca del
Chambira, región Loreto, reúne y grafica los múltiples problemas que afrontan
nuestros pueblos indígenas, no solo de la Amazonía sino también de los Andes,
cada cual con sus particularidades. La Defensoría del Pueblo ha llamado la
atención sobre esos problemas: dificultades para la ejecución de los programas
sociales, en el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI), en la
continuidad de la educación secundaria y la contaminación de sus fuentes de
agua.
Es por eso que, desde la Organización Nacional de
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), saludamos la
iniciativa y la infatigable labor de la Defensoría del Pueblo en la
investigación de la situación de nuestros pueblos indígenas y en la gestión de
soluciones, como la reunión con representantes de diversos sectores del
Ejecutivo y el gobierno regional, que han permitido que el Estado asuma
compromisos para solucionar los problemas del Pueblo Urarina.
En este marco, es importante señalar que no se
trata de un hecho aislado y que el tema de los programas sociales no es solo de
acceso. En general, estos programas, así como los planes y políticas de
gobierno, carecen de un enfoque intercultural y son ajenos a la realidad y las
necesidades de nuestros pueblos indígenas. Frente a ello, como ONAMIAP
planteamos que “la firma de un convenio interinstitucional que permita
articular acciones de monitoreo de los programas sociales”, anunciada por la
Defensoría del Pueblo en el citado pueblo amazónico, debe generalizarse y
convertirse en un mecanismo permanente de los programas sociales a nivel
nacional.
En cuanto al acceso, señalamos también que los
funcionarios encargados de ejecutar estos programas sociales en muchos casos
excluyen a los pueblos indígenas. Este fue el caso de las comunidades de
Espinar, en la región Cusco: los y las ancianos y ancianas que han acudido,
venciendo dificultades de traslado, a gestionar la Pensión 65, han recibido
como respuesta: “ustedes tienen plata porque tienen la mina, pídanle a la
mina”. Es decir, el Estado traslada sus obligaciones al sector privado.
Muchas veces hemos dicho que los pueblos indígenas
no somos objeto de asistencia sino sujetos de derechos. Por ello, los programas
sociales pueden ser un paliativo para situaciones de emergencia, pero se
necesitan políticas públicas que vayan a las raíces de los problemas. Los
pueblos indígenas, además, podemos aportar. Por ejemplo, si no hubiera tantos
obstáculos para ser proveedores de los programas de alimentación, los pueblos
indígenas y principalmente las mujeres indígenas, podríamos asegurar alimentos
nutritivos y de calidad para nuestros y nuestras escolares.
En cuanto a la falta de acceso al DNI, el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) desarrolla programas
importantes, pero lamentablemente insuficientes por la falta de los recursos
que exige llegar a las comunidades amazónicas más alejadas.
En el reciente proceso de consulta del Plan
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, al tocar el tema de acceso y
permanencia en la educación, las organizaciones indígenas planteamos que en
tanto este problema se resuelva, mediante acciones coordinadas del Ministerio
de Educación y el RENIEC, el DNI no sea exigido para la matrícula. Y que sean
creados colegios secundarios a manera de internados en lugares estratégicos de
la Amazonía para superar las dificultades de traslado.
En cuanto a la contaminación de las fuentes de
agua, esenciales para el consumo humano, la agricultura y la ganadería, los
recientes derrames de petróleo en Amazonas y Loreto han evidenciado el
problema, pero sabemos que además hay cuencas enteras declaradas en emergencia
en la Amazonía, ríos andinos contaminados con metales pesados que afectan la
salud principalmente de los niños y las niñas, cientos de pasivos ambientales
de proyectos mineros que no reciben tratamiento. Sin mencionar la apropiación
de las fuentes de agua por los proyectos mineros.
Los problemas y dificultades de nuestros pueblos
indígenas son múltiples y urgen soluciones inmediatas, pero estas deben ser
adoptadas con nuestra participación; y con efectivos enfoques de derechos, de
interculturalidad y de género. Con un diálogo respetuoso y efectivo con el
Estado.