En
poco más de una semana se han producido dos derrames de petróleo en la
Amazonía peruana, el 25 de enero en Amazonas y el 3 de febrero en Loreto, sin que la
población afectada de las zonas de impacto haya recibido algún tipo de atención. Esta es una
muestra más del desinterés del Estado y las empresas extractivas que
privilegian las inversiones sobre la vida y los derechos humanos.
Estos
nuevos atentados contra la vida y la naturaleza se producen en el marco que el
gobierno peruano se prepara para que nuestro país sea la sede de la Conferencia
Global de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI,
por sus siglas en inglés), que se realizará en Lima el 24 y 25 del presente
mes.
¿De
qué transparencia hablamos si los pueblos afectados no somos escuchados? El agua,
esencial para la sobrevivencia, y los alimentos han sido contaminados por los
derrames de petróleo. Es por ello que la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú, ONAMIAP, se suma a la demanda de atención inmediata a
estos pueblos formulada por la Defensoría del Pueblo. PETROPERU debe reparar
los daños de inmediato.
Los
pueblos afectados también tienen derecho a una indemnización por los daños
causados; y a que el Estado y las empresas tomen medidas efectivas para evitar
nuevos derrames, cumpliendo sus obligaciones técnicas, ambientales y sociales.