Un paso más en la
defensa de nuestros derechos territoriales de los pueblos indígenas, el
Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 30230, presentada el 10 de abril del 2015 por el Pacto de Unidad de las
organizaciones indígenas nacionales en coordinación con la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos.
El 15 de marzo de
este año, el TC admitió el Auto referido al Expediente 00 12-2015-PI/TC,
por el cual resuelve “ADMITIR a
trámite la demanda de inconstitucionalidad y su ampliatoria interpuesta por más de cinco
mil
ciudadanos
contra
diversos
artículos de la Ley
30230, que establece medidas tributarias,
simplificación de procedimientos y permisos para
la
promoción y dinamización de la inversión en el país; y
correr traslado de la misma al
Congreso de la República
para que se apersone al proceso y la conteste
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación de la presente
resolución”.
La Ley 30230
aligera las obligaciones ambientales de las empresas, da seguridad a las
grandes inversiones, establece procedimientos especiales para entregar derechos
sobre la tierra a favor de proyectos de inversión (ampliación de la frontera
agrícola, proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales, agroindustriales,
nuevos ejes viales, etc.), “independientemente
del uso actual o futuro que se les dé a los predios”.
Esta norma nunca
fue consultada, pese a afectar directamente los derechos de los pueblos
indígenas. Además del derecho a la consulta, la Ley 30230 vulnera el derecho al territorio. El Estado,
en lugar de titular a las comunidades que aún no cuentan con título de
propiedad, dispone de sus territorios para la inversión privada, principalmente
extractivista. También vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente
saludable, al debilitar los mecanismos e instituciones de fiscalización
ambiental.
En consecuencia, la
demanda presentada pide que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a
si la Ley 30230 se ajusta a la Constitución nacional, el Convenio 169 de la OIT
y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta norma fue
emitida como parte de los llamados “paquetazos” que vulneran derechos
fundamentales de nuestros pueblos indígenas. Los llamados “paquetazos” se
iniciaron con los decretos supremos 054 y 060 de la Presidencia del Consejo de
Ministros y la Ley 30025, todos ellos emitidos en el 2013. Luego, en junio de
2014, el Congreso aprobó la Ley 30230 y en abril de este año el Ejecutivo
publicó el proyecto de reglamento del Título III de esta ley. En enero del
2015, el Ministerio de Energía y Minas dio el DS 001-2015.
La Ley 30025
modifica la Ley General de Expropiaciones, vulnerando la Constitución. Ésta
solo permite expropiaciones en casos de necesidad pública y seguridad nacional
y la Ley 30025 agrega el causal de “proyectos de gran envergadura”, referidos
principalmente a actividades extractivas y obras de infraestructura, cuando es
sabido que la Constitución no puede ser modificada por una norma legal de menor
jerarquía.
El Decreto Supremo
001-2015 del Ministerio de Energía y Minas señala que el uso de las tierras
comunales puede ser cedido a las empresas solo con la aprobación de la Junta
Directiva, cuando la ley establece que se necesita la aprobación de por lo
menos dos tercios de los comuneros. Esto vulnera el derecho a la autonomía de
los pueblos indígenas, para quienes la Asamblea General es el máximo órgano de
gobierno.
Pero el proceso no
se inicia en este gobierno. Tiene sus raíces en el régimen de Alberto Fujimori
(1990-2000) que cambió la Constitución para imponer el modelo neoliberal.
Aunque la Constitución de 1993 ha sido reformada en algunos aspectos, el modelo
económico no ha sido tocado por los sucesivos gobiernos. El segundo gobierno de
Alan García, en particular, emitió un paquete de decretos legislativos contra
los derechos de las comunidades que dieron lugar a la Masacre de Bagua el 5 de
junio de 2009.
Como Organización
Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP,
integrante del Pacto de Unidad, tenemos los derechos territoriales como punto
central de nuestra agenda y continuaremos defendiéndolos contra las normas que
los vulneran. Confiamos en que el Tribunal Constitucional cumpla su deber.
Estaremos vigilantes de que así sea.