Un nuevo asesinato enluta a los pueblos indígenas y nuestras organizaciones de América Latina. Lesbia Yaneth Urquía Urquía, líder comunitaria y defensora ambiental de 49 años y madre tres hijos, fue hallada muerta la tarde del pasado miércoles en un lugar conocido como Mata Mulas, cerca del botadero de Marcala, municipio donde vivía en el departamento La Paz.
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| Lesbia Urquía, defensora ambiental asesinada en julio en Honduras |
Este asesinato se suma al de Berta Cáceres, perpetrado en marzo pasado, y al de Nelson García, hace unas semanas, quienes eran activistas del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El 2015 fue considerado el año con mayor número de asesinatos de activistas ambientalistas en la historia de Honduras, según un informe publicado en El Mostrador. En promedio fueron asesinados tres activistas por semana para un total de 185 en todo el año, según Testigo Global, organización no gubernamental especializada en el tema.
La criminalización y asesinato de las mujeres indígenas que defendemos nuestros territorios y a la Madre Tierra son formas de violencia de género que los Estados, sobre todo en América Latina, están permitiendo y avalando para favorecer a empresas extractivas y megaproyectos estatales. La COPINH ha responsabilizado al gobierno hondureño de este feminicidio político.
Como Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP, exigimos que se investigue y sancione a los responsables. Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Lesbia Yaneth y pedimos que se les haga las reparaciones correspondientes.
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| Mujeres de la ONAMIAP nos sumamos a campaña para exigir justicia para Berta Cáceres |
Condenamos todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres en general y las mujeres indígenas en particular, doblemente discriminadas por ser mujeres y/o indígenas. Nuestros trabajos y aportes en defensa de la vida deben ser reconocidos y ser cerradas todas las brechas económicas y sociales que impiden el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos y colectivos.
En el Perú, sólo en los primeros cinco meses de este año, se han reportado 107 feminicidios y 47 tentativas de feminicidio, según reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De acuerdo a la misma fuente, en el 2015 se cometieron 95 feminicidios y 198 tentativas. Entre 2009 y mayo del 2016, las muertes suman 800 y los intentos 910.
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El 18 de julio de 2013 fue promulgada la Ley 30068, que incorpora el artículo 108-A al Código Penal, tipificando el delito de feminicidio. La ley es un avance importante, pero para la prevención de este delito y de toda forma de violencia contra la mujer, debemos velar por su cumplimiento y seguir trabajando en el fortalecimiento de nuestras capacidades y nuestras organizaciones.
En Perú estamos entrando a un nuevo periodo gubernamental, con un plan de gobierno centrado en el crecimiento económico y “desarrollo” a través de apuestas por megaproyectos de infraestructura. Los conflictos socioambientales en Honduras, que han cobrado la vida de valiosos y valiosas defensoras ambientales, se han debido a proyectos de esta índole. Ello debe servirnos de lección para estar alertas al desarrollo de este tipo de proyectos, y exigir que se lleven a cabo respetando nuestros derechos como pueblos originarios.
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