Dos casos de violencia contra mujeres generan nuestra enorme indignación. En ambos, los agresores fueron los hombres con quienes estas mujeres se habían vinculado sentimentalmente. El caso más terrible tuvo como brutal final el asesinato de una de ellas.
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| Mujeres de Onamiap y otras organizaciones exigiendo el cese a la violencia de género. |
María Elena Chimbimune Anyosa, joven universitaria de 20 años, fue violada y apuñalada por su ex pareja, Erick Espinala Hernández. El crimen se habría cometido entre la noche del viernes 15 y madrugada del sábado 16 de julio.
De otro lado, hace solo un par de días, se la conoció la sentencia contra Adrián Pozo, sujeto que hace un año golpeó e intentó estrangular a su expareja, Cindy Arlette Contreras, en la región Ayacucho. El hecho dio la vuelta al mundo a partir de lo revelado por las cámaras de vigilancia del hotel donde se registró la brutal agresión.
La vergonzosa condena contra Pozo ha sido de un año de prisión suspendida y una reparación económica.
Como es evidente, sobran razones para la indignación. Según informes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de enero a mayo de este año se han asesinado a 42 mujeres y se han presentado 107 tentativas de feminicidio, es decir, casos de intento de asesinato donde la víctima mujer se salvó de morir. El 87% de todos estos crímenes fueron cometidos por las parejas y ex-parejas de las víctimas. Las cifras son alarmantes sobre todo cuando observamos que el índice de tentativas de feminicidios va en aumento cada año, y que a pesar de ello poco o nada se hace desde el Estado para frenar esta ola de abusos.
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| Mujer del Pueblo Originario Guyamí de Panamá |
La sentencia otorgada al agresor de Arlette es vergonzosa no sólo por el hecho de que se trata de una sentencia menor que en definitiva no se condice con la gravedad del crimen, sino porque ello constituye un precedente para aquellos feminicidas que por pertenecer a un grupo de poder o influencia se libran de la justicia.
Recientemente, Arlette presentó a la prensa unas fotos donde se observa la cercanía entre la presidenta de la corte ayacuchana y la familia de su agresor, cuyo padre es regidor de la Municipalidad de Huamanga.
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| Cindy Arlette Contreras, sobreviviente a las agresiones de Adrián Pozo |
Además, no sólo es indignante el hecho de que el Colegiado del Juzgado Penal a cargo del caso haya calificado de "lesiones leves" los numerosos golpes que recibió la víctima, sino también que el acusado haya sido excluído de los delitos de intento de violación y feminicidio bajo los argumentos de que los testigos (recepcionista y trabajador del hotel) nunca oyeron un grito de auxilio que hiciera referencia a una violación; y que el hecho de que Adrián estuviera ebrio y no matara a Arlette en el momento en que ella estuvo inconsciente prueba que nunca quiso matarla.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP se suma al rechazo del fallo de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y exige que, tras la apelación, el poder judicial sentencie al agresor de acuerdo a la gravedad de su delito. A su vez, exigimos que
se suspenda a la presidenta de la Corte Ayacuchana, Tatiana Beatriz Pérez García-Blásquez, y a los jueces María Pacheco Neyra, Nazario Turpo Coapaza y Edgar Sauñe de comprobarse las acusaciones de falta de imparcialidad que ha señalado la victima Arlette Contreras.
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