A puertas del próximo proceso electoral, la tragedia ocurrida en Bagua sigue siendo una herida que no termina de cicatrizar para el país.
Luego de seis años, las familias y sobrevivientes de los 33 muertos, un desaparecido y los 205 heridos aún no reciben justicia. Esta masacre que, sin lugar a dudas, fue la peor decisión política tomada durante el segundo gobierno de Alan García.
Como se recuerda, hasta la madrugada del 5 de junio los nativos awuajún-wampis, y de otras comunidades indígenas, llevaban varios meses de protestas en reclamo a un paquete de decretos legislativos que se había aprobado pasando por alto la consulta previa a los pueblos indígenas afectados que exige el Convenio 169 de la OIT.
Fue cuando se ordenó el desalojo de los manifestantes, siendo los hechos más sangrientos los ocurridos en "La Curva del Diablo" y la Estación N° 06 de Petro-Perú. Estos desencadenaron la crisis en el segundo gobierno de García Pérez que derivó en las renuncias del entonces primer ministro, Yehude Simon, y la titular de la cartera del Interior, Mercedes Cabanillas.
A pesar de ello, tanto los mencionados ex ministros, como Mercedes Aráoz, entonces ministra de Comercio Exterior, y el ex presidente Alan García Pérez no han sido considerados ni acusados penalmente como responsables políticos; sino que por el contrario solo se encuentran en calidad de testigos en procesos que avanzan lentamente, produciendo preocupación e indignación en los familiares y víctimas por la falta de interés en el caso.
Tuvo que derramarse sangre y producirse el "Baguazo" para que el gobierno central y el resto del país escuche el clamor de los pueblos indígenas, quienes demandamos el respeto a nuestra tierra, agua y naturaleza ya que son parte de nuestra cultura; no obstante aún estamos muy lejos de llegar a un verdadero diálogo intercultural.
Este sexto aniversario de la tragedia de Bagua debe ser un día de reflexión y un llamado a la acción para que nunca más se vuelva a producir un hecho de esta naturaleza; queda como tarea del Estado promover espacios de diálogo intercultural que permitan respetar nuestros derechos como pueblos indígenas, considerando que el Perú es un país pluricultural, multiétnico y diverso.
Datos:
- Los familiares de los policías que murieron evalúan presentar una demanda para que se identifiquen y sancionen a los responsables políticos de la tragedia.
- Hasta ahora el Estado no ha establecido claramente la titularidad de las tierras y territorios de la zona del conflicto.
- Son más de 50 las personas que enfrentan en procesos judiciales cuyas penas pueden llegar hasta la cadena perpetua.
- Son cuatro los líderes regionales contra quienes se mantiene ordenes de captura vigentes.