AYACUCHO: DIÁLOGOS SOBRE ESTERILIZACIONES FORZADAS

La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP), y la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), organizamos el conversatorio “Esterilizaciones Forzadas: Vulneración de Derechos de las Mujeres Indígenas en la Implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”.

El encuentro tuvo lugar en la Cámara de Comercio de la región Ayacucho, hasta donde llegaron decenas de mujeres de dicha región, así como de las vecinas Huancavelica y Cusco.

El evento recibió la atención de diversos medios locales y la asistencia superó las expectativas al tener una importante acogida en la ciudadanía. El conversatorio permitió conocer de cerca las aspiraciones, esperanzas y los pedidos de justicia de las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas que se realizaron durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.

En ese espíritu, también se logró establecer un diálogo directo entre varias de las víctimas y el Estado para la implementación de un sistema que registré al total de afectadas, número que hasta hoy se desconoce con exactitud. Esto con el propósito de brindarles justicia y una reparación.

Expusieron ante ellas profesionales que vienen siguiendo sus casos por varios años. Inés Condori, presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de la Provincia de Chumbivilcas (AMVEF), Cusco, dio cuenta de  las secuelas que dejó la intervención quirúrgica que le practicaron y que hasta hoy afectan diversos espacios de su vida, como el laboral.

A ello se suma, explicó, la estigmatización social dentro de su comunidad que la hace blanco de insultos y que sea considerada “improductiva” y propensa a la infidelidad. Inés también describió la lucha y las barreras que han tenido que atravesar mujeres como ella y que solo en su provincia llegan a sumar, a la fecha, más de doscientas.

Inés Condori (AMVEF)

Ana María Vidal, Secretaria Adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), aseguró que las esterilizaciones que se practicaron durante el fujimorismo constituyen crímenes de lesa humanidad.

“Se trató de una grave violación masiva de los derechos de las mujeres: se llevaron a cabo más de 200 mil esterilizaciones forzadas a mujeres, rurales en su mayoría, en tan sólo dos años, 1996 y 1997. Además, fue un crimen sistemático ya que las esterilizaciones eran parte de un programa estatal del que las altas instancias del poder estaban informadas”, afirmó. 

Vidal reafirmó en ese sentido que “tanto la sistematicidad como la generalidad son dos características de los crímenes de lesa humanidad”.

Para Melania Canales, presidenta de la Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho (FEREMIA) y vicepresidenta de la ONAMIAP, las  esterilizaciones “tuvieron un claro tinte racista, misógino y clasista”, ya que las víctimas fueron en su mayoría mujeres e indígenas que habitaban y habitan zonas rurales.

No obstante, Canales hizo un llamado a la consciencia colectiva de todas las mujeres del país para “unirnos y trabajar conjuntamente en la búsqueda de justicia y reparación.”

A su vez se refirió a la falta de un enfoque intercultural en las políticas de salud y de planificación familiar, tomando en cuenta los conocimientos de la medicina ancestral, así como los diferentes contextos culturales existentes en nuestro país.

Por último, Richard Almonacid, abogado representante del Ministerio de Justicia de Ayacucho explicó los procedimientos para el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO). Almonacid mencionó que la oficina del REVIESFO en Ayacucho lleva poco más de un mes de funcionamiento y que hasta ahora se han podido registrar 87 víctimas.

Explicó que uno de les requisitos más difíciles de cumplir es el de la presentación de un documento médico que acredite el procedimiento quirúrgico. Empero, para dichos casos, sostuvo que se contará con la evaluación de un médico legista que dé cuenta de la operación para que luego la oficina pueda pedir al centro médico donde se hizo esta, la historia médica de la víctima.

(Extractos de las ponencias)

A pesar del gran avance que significa la implementación del registro de víctimas, muchas de las asistentes al conversatorio y que además fueron víctimas de esta política, señalaron que aún hay vacíos en la propuesta de registro que parte del Ministerio de Justicia.

Una de ellas es que, en efecto, la gran mayoría no cuenta con el documento médico que confirme la operación a la que fueron sometidas debido a que, en muchos casos, el procedimiento quirúrgico se llevó a cabo en lugares públicos (como canchones) “implementados” para tales propósitos.
También señalaron que el registro de las víctimas en cada comunidad va a ser complicado debido a que las oficinas de registro y las evaluaciones médicas se centralizan en las ciudades que son capital de provincia o región.

Para llegar hasta ese punto las mujeres tienen que viajar muchas horas desde sus comunidades. Esto significa una enorme inversión de tiempo y dinero, elementos con los que no cuentan.

De otro lado, manifestaron que si bien el estar registradas les generará acceso a beneficios de salud, como entrar al Sistema Integral de Salud (SIS) y recibir acompañamiento psicológico, ambos servicios no suelen funcionar con un enfoque intercultural que por lo menos les garantice la atención en su idioma materno, además de que dichos servicios se brindan también lejos de sus comunidades.